La junta de gobierno que tendrá lugar el próximo miércoles aprobará el texto que podría entrar en vigor en septiembre, una vez reciba el visto bueno del pleno en mayo.
En 1998, Bilbao se convirtió en el primer municipio del Estado en regular la prostitución que se ejercía en los clubes de alterne. Se hizo a través del Área de Urbanismo, marcando una distancia mínima en los locales, 500 metros, así como las condiciones higiénico-sanitarias que han de reunir las habitaciones donde se preste el servicio. Desaparecieron una buena parte de los prostíbulos que había en la calle General Concha y los vecinos vieron la luz a una situación que se les hacía insostenible. Habían llegado a establecer turnos para vigilar los portales que se encontraban cercanos a los locales de alterne.
En aquellos años, la ordenanza fue pionera, pero en ninguno de sus artículos hacía referencia a la prostitución como tal sino a los locales de alterne donde se ejercía. En definitiva, evitaba su concentración.
Hace dos años, el debate sobre la prohibición de la prostitución volvió a tomar protagonismo. Barcelona, Sevilla, Málaga y Badajoz plantearon entonces textos con diferentes matices. En Bilbao, los vecinos de Bilbao La Vieja, Saralegi y, fundamentalmente, Miribilla exigían al Ayuntamiento que tomara cartas en el asunto.
Lo cierto es que, tal y como admitió ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maíz, "es un tema muy complicado". En todo este tiempo, el Consistorio ha estado trabajando para consensuar un texto con los diferentes agentes implicados. Finalmente, el próximo miércoles se iniciarán los trámites para aprobar una Ordenanza de Uso de Espacio Público que regulará, entre otras tantas actividades que tienen lugar en el espacio público, la prostitución y prohibirá ejercerla en la calle. La aprobación inicial tendrá lugar en mayo -en abril no hay pleno- y en septiembre entrará, probablemente, en vigor.
Multas para todos La ordenanza establecerá la imposibilidad de "hacer el intercambio de actividades sexuales" pagadas "en la calle" para evitar que genere molestias. El incumplimiento de la misma conllevará multas de 300 a 3.000 euros, según se considere la infracción leve, grave o muy grave, "para todo el que intervenga" en el servicio. Es decir, que la multa recaerá en la mujer que ejerce la prostitución, pero también en el cliente; un hecho que, a juicio del concejal, tendrá además un efecto disuasorio.
Maíz reconoció que para la redacción de este texto se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas en materia de prostitución por colectivos vecinales, sindicales y por asociaciones como Askabide, que atiende a personas del entorno de la prostitución.
Se reconoce que la prostitución es una actividad económica y que debe tener una regulación lo que contribuiría a sacarla de la marginación. Además, se plantea la necesidad de que exista una prohibición absoluta de su ejercicio en espacio público aunque se reconoce que la experiencia en otras ciudades no ha resultado eficaz. Se pide un "apoyo social a este colectivo", que ya ofrece Lan Ekintza, y que los "intercambios de carácter sexual" se incluyan en una ordenanza general para que las prostitutas no se sientan discriminadas.
Maíz afirmó ayer la prostitución es "un problema que no preocupa a los ciudadanos en su gran mayoría, aunque en determinadas zonas ha habido problemas" y dijo que "no llega a las dos docenas el número de prostitutas que hay en la calle".
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